España rueda como nunca, pero la pregunta incómoda es quién se queda el valor de la burbuja audiovisual

España ya no quiere ser solo el país al que las producciones internacionales vienen a buscar sol, castillos, desiertos, ciudades históricas y técnicos solventes. Quiere ser algo más ambicioso: un centro audiovisual capaz de atraer inversión, estudios, posproducción, talento y decisiones industriales. La señal más reciente no es menor: el Gobierno ha anunciado una inversión conjunta de 25 millones de euros con el grupo sudafricano Known Associates Group para crear una plataforma de producción en Madrid y dos estudios de posproducción en Canarias y País Vasco.

El dato encaja en una fotografía potente. Según el Observatorio Audiovisual Europeo, España se ha situado como principal mercado audiovisual de la Unión Europea, con 423 producciones en 2025, un crecimiento del 31% respecto al año anterior. También aparece como sexto productor audiovisual mundial, solo por detrás de India, Japón, Corea del Sur, China y Estados Unidos.

La tentación es titularlo como una victoria cerrada: España está de moda, España atrae rodajes, España se ha consolidado como potencia audiovisual. Todo eso puede ser cierto y, aun así, quedarse corto. La pregunta editorial interesante no es si estamos rodando más. La pregunta es qué parte de ese valor se queda aquí cuando se desmontan los decorados, se apagan los focos y la propiedad de la obra viaja a otra sede.

España ha pasado de decorado atractivo a infraestructura audiovisual

Durante mucho tiempo, el atractivo español para los rodajes internacionales se explicó con un catálogo de ventajas que siguen siendo reales: clima, localizaciones variadas, equipos técnicos competitivos, seguridad jurídica y costes razonables. Lo nuevo es que esa ventaja natural se ha convertido en política industrial.

La inversión anunciada con Known Associates Group apunta justo en esa dirección. No se limita a traer una película concreta, sino a instalar capacidad productiva. Madrid aparece como plataforma de producción, mientras Canarias y País Vasco se incorporan como polos de posproducción, animación y artes digitales. El matiz importa, porque la posproducción es una de las zonas donde el audiovisual puede retener más valor técnico: no es solo alquilar una calle, una playa o un palacio, sino formar equipos, crear empresas, fidelizar talento y competir en fases de mayor valor añadido.

El problema es que el éxito de un hub no se mide solo en número de rodajes. Se mide en continuidad. Un país puede llenarse de producciones durante unos años y, si no acumula derechos, empresas fuertes, estudios estables y talento con carrera, terminar funcionando como una escala eficiente dentro de la cadena global de otros. Útil, sí. Rentable a corto plazo, también. Pero no necesariamente poderosa desde el punto de vista creativo e industrial.

El dinero entra, pero no todo el dinero construye industria

El informe encargado por Spain Film Commission a Olsberg SPI ayuda a medir la dimensión económica del fenómeno. Entre 2019 y 2022, 165 producciones internacionales incentivadas gastaron al menos 1.320 millones de euros en España y generaron una contribución estimada mínima de 1.795,6 millones de euros al valor añadido bruto. El estudio calcula además una media de 7.080 empleos equivalentes a tiempo completo sostenidos cada año por esa actividad.

Son cifras importantes, y conviene no despreciarlas. Un rodaje no solo paga a técnicos, actores o empresas de cámara. Mueve transporte, construcción, hostelería, alquileres, localizaciones, seguridad, restauración y servicios locales. El propio informe subraya que, en una película de alto presupuesto analizada, el 74% del gasto de producción por debajo de la línea fue a sectores externos a la industria audiovisual; en una serie de alto presupuesto, el porcentaje fue del 54%.

Ahí está la parte buena y la parte delicada. Buena, porque un rodaje puede tener un efecto inmediato sobre una ciudad, una comarca o un tejido de proveedores. Delicada, porque impacto económico no equivale automáticamente a poder audiovisual. Que un hotel llene habitaciones o una empresa local facture durante varias semanas es positivo, pero no responde a la pregunta de fondo: quién posee la serie, quién decide su explotación, quién controla los datos de audiencia, quién negocia las ventas internacionales y quién conserva la marca cuando el proyecto crece.

España puede ganar mucho como territorio de producción. Pero el salto cualitativo llega cuando también gana como propietaria, coproductora, exportadora y generadora de franquicias.

El riesgo de ser un plató excelente para historias ajenas

La industria audiovisual española vive una paradoja razonablemente feliz. Por un lado, nunca ha tenido más visibilidad exterior, más capacidad para atraer inversión ni más demanda de servicios. Por otro, el mercado global se ha concentrado alrededor de plataformas y grandes grupos que tienden a controlar la relación con el espectador y la vida larga de las obras.

Eso cambia el sentido de la palabra éxito. Una serie rodada en España puede dar empleo, activar estudios, usar proveedores locales y dejar millones durante la producción. Pero si la propiedad intelectual pertenece a una plataforma internacional, si la explotación posterior queda fuera del ecosistema español y si la productora local opera sobre todo como ejecutora, el país se queda con una parte relevante del pastel, no con la receta.

El debate conecta con otra señal reciente del cine español: la importancia de una cartelera media capaz de sostener público más allá del gran fenómeno aislado. La misma lógica sirve para los rodajes. Una industria sana no vive solo de picos, vive de continuidad, tejido y capacidad de repetir resultados sin depender siempre de una excepción, como también apunta esta lectura sobre la recuperación reciente del cine español en salas.

Por eso la burbuja de rodajes necesita una segunda conversación. No basta con atraer producciones. Hay que saber si los técnicos pueden encadenar trabajos sin precariedad crónica, si las empresas españolas escalan sin convertirse en meras proveedoras, si los incentivos fiscales premian también la permanencia y si la formación acompaña a la demanda real de perfiles.

La próxima batalla no será rodar más, sino quedarse más

El entusiasmo institucional tiene base. España ha ganado peso, ha mejorado su fiscalidad, ha multiplicado polos regionales y ha conseguido que territorios como Canarias, Madrid, Cataluña, Andalucía o País Vasco compitan en la conversación internacional. El informe de Olsberg SPI también destaca que el impacto económico de las producciones internacionales se extiende más allá del sector audiovisual estricto y alcanza a otros ámbitos de la economía.

Pero el éxito verdadero será menos fotogénico que un rodaje de gran presupuesto en una plaza histórica. Se verá en balances de productoras independientes, en estudios que no dependan de una sola operación, en empleo técnico con carrera, en posproducción que se quede aquí, en animación exportable, en propiedad intelectual española y en películas y series capaces de viajar sin perder el control de su valor.

España ya ha demostrado que puede atraer cámaras. La cuestión es si logrará atraer también las decisiones. Porque un país puede ser plató, taller o industria. El salto está en dejar de presumir solo de cuántos vienen a rodar y empezar a medir cuánto futuro audiovisual se queda después.

Las claves

• Hecho principal: España ha reforzado su posición como polo audiovisual con nuevas inversiones y 423 producciones en 2025.
• Por qué importa: el boom de rodajes genera empleo e impacto económico, pero no garantiza por sí solo poder industrial.
• Qué aporta esta pieza: cambia el foco del número de rodajes a la captura de valor: derechos, empresas, talento, posproducción y continuidad.
• Qué puede pasar después: la próxima fase del sector dependerá de si España logra ser algo más que un territorio eficiente para producciones ajenas.