España ignora 19 recomendaciones anticorrupción y genera alarma sobre la transparencia del Gobierno

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha vuelto a alertar sobre el incumplimiento sistemático por parte de España de 19 medidas clave para prevenir y combatir la corrupción. El último informe, correspondiente al ciclo de evaluación 2022-2023, confirma que ninguna de las recomendaciones ha sido implementada en su totalidad, lo que mantiene al país en una situación de estancamiento en materia de transparencia y ética pública.

Las principales deficiencias señaladas por el GRECO

El informe destaca tres áreas críticas donde España sigue mostrando graves carencias:

1. Regulación de los grupos de presión
   El organismo europeo reclama desde hace años la creación de un registro obligatorio de lobbies que permita rastrear su influencia en la toma de decisiones políticas. Actualmente, no existe una normativa que obligue a hacer públicas las reuniones entre altos cargos y grupos de interés.
2. Financiación de partidos políticos
   Pese a los escándalos recurrentes, los mecanismos de control sobre la financiación de las formaciones políticas siguen siendo insuficientes. El GRECO exige auditorías externas independientes y sanciones más severas por incumplimientos.
3. Independencia del poder judicial
   La politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de cinco años sin renovarse, sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto. El organismo europeo insiste en que los miembros del CGPJ deben ser elegidos por los jueces, no por los partidos políticos.

Un patrón de incumplimiento recurrente

Los informes del GRECO muestran una tendencia preocupante:

• El 60% de las recomendaciones llevan más de cinco años sin implementarse.
• Solo el 15% han registrado avances parciales, principalmente en aspectos técnicos.
• El 25% restante ni siquiera han sido abordadas por las autoridades españolas.

Fuentes diplomáticas europeas consultadas por este medio señalan que la falta de progresos está empezando a dañar la credibilidad de España en foros internacionales, especialmente en el contexto de la gestión de fondos europeos.

Las explicaciones del Gobierno y las críticas de la oposición

El Ministerio de Justicia ha asegurado que está trabajando en varias reformas, entre ellas una nueva ley de transparencia y un protocolo para la declaración de conflictos de intereses. No obstante, el GRECO ha respondido que estas iniciativas, aunque positivas, resultan insuficientes sin mecanismos de control efectivos.

Desde la oposición, el Partido Popular ha acusado al Ejecutivo de “paralizar deliberadamente” las reformas, mientras que Vox ha presentado una proposición de ley para endurecer las penas por delitos de corrupción. Por su parte, grupos como Más País han reclamado un pacto de Estado que blinde estas medidas frente a los intereses partidistas.

Expertos advierten sobre el coste de la inacción

Analistas consultados coinciden en que el incumplimiento continuado tiene consecuencias concretas:

• Deterioro de la posición española en índices internacionales como el de Transparencia Internacional.
• Mayor escepticismo por parte de inversores extranjeros.
• Incremento de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Por tanto, el último informe del GRECO confirma que España sigue sin abordar de manera efectiva las reformas anticorrupción exigidas desde Europa. A falta de voluntad política para impulsar cambios estructurales, el país arriesga no solo su reputación internacional, sino también la calidad de su sistema democrático. La pregunta que queda sobre la mesa es cuántos informes más serán necesarios para que las autoridades actúen.