La nueva Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual vuelve a quedarse a medio camino. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre cierra la legislatura con el proyecto todavía en tramitación y mantiene, por ahora, el marco legal aprobado en 2007. Es la segunda vez que una reforma concebida para adaptar la regulación al audiovisual contemporáneo decae por la disolución de las Cortes.
La noticia puede leerse como otro expediente parlamentario que no llega a tiempo. Para la industria, sin embargo, el efecto es bastante más concreto: series, plataformas, producción independiente y transparencia de datos seguirán esperando un marco que pretendía reconocer cómo ha cambiado el negocio desde la llegada del streaming. Eso convierte el aplazamiento en algo más que una cuestión de calendario.
Según la información publicada por El País, la ponencia de la Comisión de Cultura había empezado a trabajar apenas unos días antes del adelanto electoral, después de decenas de ampliaciones del plazo de enmiendas. El texto llegaba, por tanto, a la fase decisiva con muy poco margen político.
La reforma había avanzado, pero no lo suficiente
El proyecto no estaba en un punto embrionario. El expediente oficial del Congreso muestra que las enmiendas a la totalidad fueron rechazadas el 18 de junio por 175 votos frente a 172 y que el Pleno decidió asumir la votación final de la ley por 345 votos frente a uno. En julio ya se habían publicado las enmiendas al articulado.
Eso importa porque el proyecto había superado una barrera política relevante. No había una ley aprobada, pero tampoco una propuesta aparcada en un cajón. La disolución de las Cortes corta un proceso que ya había consumido dos años de tramitación en esta legislatura y que, además, recuperaba un texto que también decayó tras las elecciones de 2023.
La repetición explica una parte del desfase. Cuando el Gobierno recuperó el proyecto en 2024, volvió a presentar una reforma pensada precisamente para actualizar la Ley 55/2007. Dos años después, el mercado ha seguido avanzando mientras la norma que debía acompañarlo vuelve al punto de salida parlamentario.
Qué se queda fuera cuando cae la Ley del Cine
Entre las medidas que ahora quedan sin aprobar estaba el reconocimiento oficial de las series dentro del marco audiovisual, una mayor protección del patrimonio fílmico, cambios en el apoyo a la producción independiente y obligaciones de transparencia para las grandes plataformas sobre audiencias y visionados. También se contemplaba reservar al menos un 35% de determinadas ayudas a producciones dirigidas por mujeres y reforzar los incentivos para obras en lenguas cooficiales.
La parte de los datos es especialmente significativa. ActualTV ya analizó cómo la reforma podía reducir la opacidad de las audiencias del streaming. Al caer el proyecto, esa asimetría no desaparece: las plataformas siguen controlando buena parte de la información sobre el rendimiento real de sus contenidos y el regulador no gana la herramienta de transparencia que planteaba la nueva ley.
El desfase de 2007 ya no es solo una cuestión de edad
Una ley de 2007 puede seguir siendo útil si su arquitectura resiste los cambios del mercado. El problema es que el audiovisual español de 2026 se parece poco al de hace diecinueve años. Las plataformas compiten por derechos y talento, las series forman parte del mismo ecosistema de producción que el cine, las ventanas de explotación se han comprimido y una parte creciente del consumo ocurre en servicios que publican sus datos con criterios propios.
Ese cambio también se nota en televisión. Los datos de consumo analizados por ActualTV muestran hasta qué punto el streaming ya no puede tratarse como un apéndice del audiovisual tradicional. La nueva ley intentaba precisamente acercar el lenguaje administrativo a esa realidad industrial.
Por eso el efecto del adelanto electoral no puede reducirse a que “una ley tendrá que esperar”. Lo que espera es una actualización de las reglas con las que el Estado reconoce, financia y mide una industria que ya ha cambiado de escala y de canales. El desfase entre regulación y mercado vuelve a ampliarse.
El próximo Gobierno no empezará sin trabajo previo, pero sí tendrá que reabrir la vía parlamentaria
El debate acumulado no desaparece. El texto, las enmiendas, las posiciones de los grupos y las demandas del sector quedan documentadas y podrán servir de base para una futura iniciativa. Pero jurídicamente la nueva legislatura tendrá que volver a poner en marcha el procedimiento si quiere aprobar una norma equivalente.
Ahí está la paradoja de esta reforma: cuanto más tarda, más difícil resulta que el texto llegue intacto a su aprobación. Cada año añade nuevos modelos de distribución, nuevos hábitos de consumo y nuevos conflictos sobre datos, inteligencia artificial, derechos y concentración empresarial. Una ley pensada para actualizar 2007 corre el riesgo de necesitar otra actualización antes incluso de nacer.
Para el sector audiovisual español, la consecuencia inmediata es sencilla: se mantiene el marco actual y se aplaza otra vez la modernización. La cuestión ya no es solo cuándo volverá la Ley del Cine al Congreso, sino cuánto habrá cambiado el negocio cuando lo haga.
