Lo que esconde el pacto de inmigración entre el PSOE y Junts

El reciente acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya sobre la delegación de competencias migratorias a Cataluña ha desatado una tormenta política y social. Este pacto, que otorga a los Mossos d’Esquadra nuevas funciones en materia de extranjería, ha sido recibido con escepticismo por parte de los expertos en inmigración de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes lo califican de “imposible” de implementar.

¿En qué consiste el acuerdo?

El acuerdo firmado entre PSOE y Junts establece que Cataluña tendrá competencias para gestionar la inmigración en varios aspectos clave:

• Expulsiones de Inmigrantes: Los Mossos d’Esquadra serán responsables de resolver y ejecutar las expulsiones tras la propuesta de la Generalitat.
• Gestón de los CIE: Cataluña gestionará de forma exclusiva los Centros de Internamiento de Extranjeros.
• Autorizaciones de Residencia: La Generalitat podrá expedir autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y permanente.
• Documento de Identidad para Extranjeros: Cataluña emitirá estos documentos a partir del Registro del NIE del Estado español.

Además, el pacto contempla la creación de patrullas mixtas entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil para supervisar la seguridad en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas.

Las críticas de los expertos en extranjería

A pesar de la aparente solidez del acuerdo, los expertos en extranjería han planteado serias dudas sobre su viabilidad. El principal obstáculo radica en que las expulsiones de inmigrantes dependen de acuerdos bilaterales con los países de origen. Marruecos, Argelia y otros estados no aceptarán repatriaciones gestionadas por una comunidad autónoma, ya que estas negociaciones son competencia exclusiva del Estado español.

“Es un brindis al sol”, afirman las fuentes policiales consultadas, recordando que, incluso a nivel nacional, ejecutar una orden de deportación ya enfrenta enormes reticencias, como la negativa de ciertos países a recibir a sus ciudadanos expulsados.

La desaparición de la Policía Nacional de Cataluña

Uno de los puntos más controvertidos es el papel reducido que tendrá la Policía Nacional tras la transferencia de competencias. Tradicionalmente, las funciones de extranjería eran una de las pocas competencias exclusivas que mantenían en Cataluña. Ahora, los Mossos d’Esquadra podrían asumir prácticamente todas estas tareas, dejando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en un segundo plano.

El pacto establece que los Mossos tendrán 1.800 efectivos adicionales, alcanzando los 26.800 agentes. A pesar de que las patrullas mixtas seguirán existiendo, muchos ven esto como un paso más hacia la expulsión gradual de las fuerzas estatales.

Un modelo propio para la inmigración

Según el acuerdo, el objetivo es que Cataluña desarrolle un modelo propio de inmigración, gestionando todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración pública. Esto incluye desde las autorizaciones hasta las expulsiones, siempre dentro del marco legal español y europeo.

El texto señala que Cataluña tendrá una “ventanilla única” para resolver los trámites de extranjería, lo que para los críticos no es más que un intento de centralizar competencias que, por ley, deberían estar coordinadas con el Estado.

Las consecuencias políticas

Este pacto también tiene un claro trasfondo político. Para el PSOE, representa un intento de contentar a Junts y garantizar su apoyo a otras medidas clave, como la ley de amnistía. Para Junts, es una victoria simbólica que refuerza su narrativa independentista y les permite avanzar hacia una mayor autonomía.

Por otro lado, los sindicatos policiales denuncian que se trata de una cesión “política” que deja a las fuerzas de seguridad del Estado en una posición débil. “Nos quieren echar y están sentando las bases desde hace mucho tiempo”, advierte un agente.

El pacto de inmigración entre PSOE y Junts plantea más preguntas que respuestas. Aunque sobre el papel otorga a Cataluña competencias sin precedentes, su implementación real enfrenta obstáculos jurídicos y diplomáticos.

Para algunos, es un paso hacia una mayor autonomía catalana. Para otros, es una medida inviable que podría debilitar la seguridad nacional. Lo cierto es que este acuerdo ha abierto un nuevo capítulo en el siempre complejo debate sobre las competencias territoriales en España.