La situación de los pisos con okupas en Madrid: el drama económico de los propietarios que trata de suplir el Ayuntamiento

En el mundo inmobiliario, la presencia de ocupantes no deseados en una propiedad plantea tanto preocupaciones como oportunidades. Para los propietarios, el temor a encontrarse con ocupantes ilegales dentro de sus hogares es una situación desalentadora. Para abordar este problema, algunas aseguradoras han lanzado productos específicos para brindar tranquilidad a los propietarios. Sin embargo, la presencia de ocupantes ilegales puede tener repercusiones devastadoras, especialmente al intentar vender la propiedad.

Cuando una vivienda está ocupada ilegalmente, su valor puede disminuir drásticamente entre un 30% y un 50%. Este descenso no solo se debe al proceso de desalojo, sino también a los costos asociados con la renovación, que pueden superar los 24.000 euros si la propiedad ha sido vandalizada, llegando incluso a más de 50.000 euros si se han realizado daños significativos en la infraestructura eléctrica.

En un contexto de aumentos en los tipos de interés y precios inmobiliarios en constante alza debido a la escasez de oferta y la alta demanda, los compradores están dispuestos a asumir mayores riesgos para reducir costos. Esta tendencia se refleja en la búsqueda de oportunidades de inversión donde pueden ahorrar hasta un tercio del costo total, una cantidad que podría recuperarse en aproximadamente cinco años a través de incrementos en el alquiler.

Detectar viviendas ocupadas ilegalmente en el mercado es relativamente sencillo. Los precios de venta son notablemente bajos, con descuentos significativos en comparación con otras propiedades en la misma área. Esta no es una estrategia de engaño, sino más bien una señal de ocupación ilegal, según expertos del sector. Se estima que en Madrid existen alrededor de 4.000 viviendas ocupadas ilegalmente, lo que obliga a los propietarios a recurrir a los tribunales para recuperar su propiedad.

La ocupación ilegal de viviendas ha evolucionado hacia una actividad profesionalizada, donde grupos organizados usurpan propiedades, cambian cerraduras y luego venden ilegalmente acceso a las mismas por sumas considerables. Aunque existen documentos de compraventa fraudulentos que respaldan estas transacciones, en realidad, tienen poco peso legal durante los procesos judiciales.

Las implicaciones legales para los ocupantes ilegales pueden incluir penas de prisión de hasta dos años y multas sustanciales. Sin embargo, la mayoría de los ocupantes declaran insolvencia y evitan el encarcelamiento, optando simplemente por buscar nuevas propiedades para ocupar ilegalmente.

Frente a la ardua batalla legal y la protección legal otorgada a los ocupantes ilegales, muchos propietarios optan por vender sus propiedades. Esto incluye a los bancos, que desde la crisis financiera de 2008 han sido propietarios de numerosas viviendas, convirtiéndolas en blancos frecuentes de ocupación ilegal.

La venta de propiedades ocupadas ilegalmente suele realizarse en lotes, destinados a fondos de inversión o vendidos a particulares con descuentos considerables a través de entidades como la Sareb. Sin embargo, este atractivo precio oculta riesgos significativos, incluyendo la imposibilidad de disfrutar de la propiedad de inmediato, falta de rentabilidad inicial y gastos adicionales asociados con procesos legales y renovaciones.

Es crucial tener en cuenta que durante la ocupación ilegal, los propietarios están obligados a mantener los servicios básicos, como electricidad y agua, lo que puede resultar en costos adicionales significativos. Además, los nuevos propietarios deben hacer frente a todos los gastos derivados de la ocupación ilegal, lo que puede incluir reparaciones y renovaciones.