Estados Unidos lleva años viendo cómo una parte de las producciones que siguen llamándose de Hollywood se rueda a cientos o miles de kilómetros de Hollywood. Esta semana la discusión ha dado un salto: Donald Trump ha pedido al Congreso que cree un incentivo federal para el cine y la televisión producidos en el país, una medida respaldada por buena parte de la industria estadounidense.
Todavía no existe una ley que permita saber cuánto recibiría exactamente una superproducción. Se está discutiendo un crédito de entre el 15% y el 20% ligado especialmente a costes laborales y compatible, en principio, con incentivos estatales. Presentar hoy ese 20% como un beneficio aprobado sería adelantarse a la legislación.
Pero para España la discusión resulta relevante antes incluso de que exista el texto definitivo. Nuestro país se ha convertido en un competidor internacional por los rodajes precisamente mientras Estados Unidos sufría la dispersión de su producción. Si Washington añade una capa federal a programas estatales que ya han crecido sustancialmente, la batalla puede empezar a cambiar.
California ya ha elevado su apuesta antes de que llegue Washington
Estados Unidos no parte de cero.
California dispone desde su programa 4.0 de 750 millones de dólares anuales para incentivos cinematográficos y televisivos, más del doble de los 330 millones anteriores. El programa se prolonga durante cinco ejercicios y suma 3.750 millones.
Para muchas producciones elegibles, el crédito base se sitúa en el 35% de determinados gastos cualificados. Las series que trasladan producción a California pueden alcanzar inicialmente el 40%, y existen incrementos asociados a conceptos como efectos visuales o determinados gastos realizados fuera del área de Los Ángeles.
No es únicamente una herramienta sobre el papel. La California Film Commission publica proyecto por proyecto los gastos cualificados y créditos concedidos. Una nueva serie de Paramount aprobada este verano, por ejemplo, declara 69,4 millones de dólares de gasto cualificado y una asignación fiscal de 21 millones.
La urgencia tiene explicación. FilmLA registró 4.711 jornadas de rodaje en localizaciones durante el segundo trimestre de 2026, un 12,7% menos interanual. Los incentivos están atrayendo proyectos, pero todavía conviven con una contracción general de la actividad.
ActualTV ya analizó esta erosión territorial cuando Paramount llegó a plantear una posible salida de California en plena batalla por Warner. La cuestión nueva ya no es si Hollywood puede fabricarse fuera de Hollywood. La respuesta es evidente. La cuestión es cuánto dinero público está dispuesto a movilizar Estados Unidos para intentar invertir esa tendencia.
España compite con algo más que un porcentaje
En territorio común, las producciones audiovisuales extranjeras pueden acceder en España a una deducción del 30% sobre el primer millón de euros de gasto elegible y del 25% sobre el resto, con las condiciones previstas por la normativa. El límite general alcanza 20 millones por producción y 10 millones por episodio en series.
A partir de ahí, el mapa español se complica.
Canarias ofrece, bajo los requisitos aplicables, hasta un 54% sobre el primer millón y un 45% sobre el resto, con límites superiores a los del régimen común. Navarra puede alcanzar el 50% en determinados supuestos y Bizkaia, Gipuzkoa y Araba publicitan incentivos de hasta el 60%, sujetos a sus respectivas condiciones.
| Territorio | Incentivo audiovisual de referencia actual |
|---|---|
| España, territorio común | 30% primer millón; 25% resto |
| Canarias | hasta 54% primer millón; 45% resto |
| Navarra | hasta 50% según condiciones |
| Bizkaia, Gipuzkoa y Araba | hasta 60% según condiciones |
| California | 35% base en categorías elegibles; 40% para determinadas series trasladadas |
| Futuro incentivo federal de EE UU | todavía no aprobado |
La tabla tiene una limitación deliberada: los porcentajes no son directamente intercambiables.
Una deducción del 35% en California y otra del 30% en España no significan que California sea automáticamente cinco puntos más barata. Cambian los gastos que pueden formar la base, los límites, los salarios, la fiscalidad, el tipo de producción y los costes necesarios para rodar.
Esa es precisamente la parte de la conversación que suele desaparecer cuando un territorio presume de su porcentaje.
Un rodaje no elige país únicamente con una calculadora fiscal
La decisión de llevar una producción a España puede depender de una carretera que parece California, una costa que puede sustituir al Caribe, estudios disponibles, técnicos especializados, horas de luz o conexiones con otras localizaciones europeas.
También depende del precio.
Ahí un incentivo federal estadounidense sí podría alterar las cuentas, especialmente si finalmente puede acumularse con créditos estatales.
La propuesta impulsada alrededor de Jon Voight y distintos representantes de la industria contempla un crédito federal del 20% sobre determinados costes laborales. El senador demócrata Adam Schiff también ha defendido un sistema nacional, y las conversaciones han generado una coincidencia política poco habitual entre la Casa Blanca, sindicatos y representantes de ambos partidos.
Pero hay varios interrogantes sin resolver: qué salarios serían elegibles, cuáles serían los topes, cómo se trataría a intérpretes con remuneraciones muy elevadas, si existirían bonificaciones adicionales y, sobre todo, qué parte podría acumularse de verdad con cada programa estatal.
Hasta conocer eso, cualquier simulación que sume alegremente “35% California + 20% federal = 55%” sería periodísticamente engañosa.
España no compite solo contra Hollywood
Existe además otra razón para no reducir esta historia a California contra España.
Los productores estadounidenses comparan jurisdicciones enteras. Canadá lleva años combinando incentivos federales y provinciales. Reino Unido ofrece su propio sistema. Australia, Hungría, Irlanda y otros países han construido industrias alrededor de la producción internacional.
España se encuentra dentro de esa competición.
La futura ayuda estadounidense tendría por tanto un objetivo mucho mayor que devolver una película concreta a Los Ángeles: reducir el diferencial económico que durante años ha facilitado que una producción estadounidense siga siendo estadounidense aunque una parte sustancial de su gasto se produzca en otro país.
Para España, el riesgo tampoco consiste necesariamente en que desaparezcan los rodajes extranjeros.
Sus ventajas de localización, clima, profesionales, infraestructuras y pertenencia al mercado europeo seguirán existiendo. La pregunta es cuánto valor tendrá el incentivo fiscal español si el país de origen decide subvencionar también el regreso.
Washington todavía tiene que convertir una declaración política en una ley.
Cuando lo haga, la comparación dejará de ser teórica. Y ahí será posible calcular algo mucho más interesante que quién ofrece el porcentaje más llamativo: dónde cuesta realmente menos fabricar una misma película.
