La Séptima ya tiene fecha de estreno, presentadores, un plató todavía en obras y una licencia nacional de televisión. Lo que sigue sin tener es una explicación suficientemente convincente de cómo pretende convertir todo eso en un negocio rentable. El nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre, apenas 24 días antes de las elecciones generales, con una inversión millonaria, un accionariado que ha cambiado sustancialmente antes de arrancar y unas previsiones económicas que, cuando menos, invitan a levantar una ceja.
La presentación de sus instalaciones este martes 27 de octubre ha servido para conocer nuevos detalles del proyecto, pero también para confirmar algunas de sus contradicciones. La Séptima parece tener bastante más clara la oportunidad política de su lanzamiento que la manera de sostener económicamente una televisión nacional en un mercado que lleva años perdiendo espectadores y fragmentando sus ingresos publicitarios.
Que aparezcan nuevos medios de comunicación siempre debería ser una buena noticia. La competencia es saludable y resulta positivo que haya empresarios dispuestos a invertir en contenidos, periodistas y proyectos audiovisuales. Pero defender la libertad de empresa no obliga a celebrar cualquier inversión. Mucho menos cuando se trata de una televisión que ocupa una frecuencia pública limitada y cuya adjudicación ya ha provocado controversia.
Una licencia controvertida y un estreno electoral difícil de ignorar
El origen del proyecto merece una explicación que sus responsables parecen empeñados en despachar con demasiada facilidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó el pasado 26 de mayo la nueva licencia nacional de TDT a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, la sociedad promotora de La Séptima, frente a la candidatura de Mediaset. La concesión se realizó mediante concurso público, pero su resultado ha sido objeto de impugnaciones y controversia política.
No está demostrado que la licencia se concediera irregularmente. Ahora bien, que exista un procedimiento administrativo no debería servir para dar por zanjadas todas las dudas sobre una decisión que beneficia a empresarios con vínculos conocidos con el entorno político y mediático del actual Gobierno.
Estamos hablando, además, de una licencia para explotar un recurso escaso durante quince años, con posibilidad de renovación. No es precisamente una autorización menor. Sus criterios de adjudicación, la solvencia del proyecto seleccionado y las garantías de independencia deberían soportar cualquier escrutinio público.
Y después está el calendario.
La Séptima comenzará a emitir el 5 de noviembre, cuando España esté inmersa en la recta final hacia las elecciones del día 29. Su programación estará protagonizada por la actualidad política, con Javier Ruiz al frente del horario de máxima audiencia y Sarah Santaolalla entre sus principales rostros.
Los promotores defienden una línea progresista y niegan que la cadena vaya a funcionar al servicio de Pedro Sánchez. Es una declaración legítima. Pero resulta bastante ingenuo pretender que nadie vea una oportunidad electoral en la aparición de una nueva televisión de marcado perfil ideológico justo cuando comienza la campaña.
Hay un detalle todavía más revelador. Durante la visita a las instalaciones, Contreras reconoció que el adelanto electoral había alterado sus planes de implantación. La cadena tenía previsto crecer progresivamente, pero ahora ha tenido que acelerar su despliegue para responder a la cita electoral. Sus responsables admitieron incluso que, después de las elecciones, la programación tendrá menos política.
Difícil encontrar una explicación más elocuente de cuál es la prioridad inmediata del canal.
Una televisión tiene perfecto derecho a defender una posición editorial. Lo verdaderamente preocupante sería que confundiera esa identidad con una función de propaganda. Y La Séptima, por sus circunstancias y por el momento elegido para irrumpir en el mercado, tendrá que esforzarse especialmente en demostrar que existe una frontera clara entre ambas cosas.
Casi 100 millones de gasto para entrar en un mercado que no deja de complicarse
Si la dimensión política del proyecto genera dudas, su planteamiento económico tampoco invita precisamente al optimismo.
José Miguel Contreras ha explicado que La Séptima tendrá unos costes anuales próximos a los 30 millones de euros, lo que supondría un gasto acumulado de alrededor de 100 millones durante sus tres primeros ejercicios. La previsión es alcanzar un 2,2% de cuota de pantalla en 2027 y conseguir la rentabilidad en 2029.
Son objetivos ambiciosos. Quizá demasiado.
El problema no consiste únicamente en conseguir que dos de cada cien espectadores estén viendo el canal. Consiste en convertir esa audiencia en ingresos suficientes para mantener una estructura empresarial que, según lo explicado en su presentación, ya cuenta con entre 150 y 160 periodistas contratados y que soportará importantes costes de producción, distribución y personal.
La televisión lineal sigue siendo un negocio relevante, pero ya no es el mercado que encontraron quienes lanzaron La Sexta en 2006. Los grandes grupos concentran buena parte de la inversión comercial, las plataformas compiten por el tiempo de los espectadores y la publicidad convencional atraviesa una transformación que los propios responsables de La Séptima reconocen.
Por eso sorprende la confianza con la que presentan su modelo. La cadena ha contratado a Pulsa para comercializar la publicidad televisiva y pretende complementar esos ingresos con patrocinios, contenidos digitales, formatos comerciales integrados y eventos presenciales.
Todo eso puede formar parte de una estrategia razonable. Lo difícil es entender por qué debería funcionar mejor en La Séptima que en otros medios que llevan años intentando diversificar sus ingresos sin encontrar una solución milagrosa.
Más inquietante todavía resulta una información publicada por El Español-Invertia, según la cual los promotores han mantenido reuniones con grandes empresas del Ibex 35 para atraer inversión publicitaria y les habrían trasladado que sus programas no atacarían a las grandes compañías.
Si esos compromisos se produjeron en los términos publicados, la contradicción sería notable: un medio que reivindica su independencia política mientras trata de tranquilizar a sus posibles financiadores sobre los límites de su discurso.
No basta con hablar de nuevas formas de publicidad, comunidad digital o modernidad televisiva. El problema de La Séptima es bastante más prosaico: necesita generar mucho dinero todos los años y todavía debe demostrar que existe un mercado dispuesto a proporcionárselo.
Unos inversores que se marchan antes del estreno
Los cambios en el accionariado tampoco contribuyen a transmitir estabilidad.
El proyecto nació con varios empresarios que iban a repartirse su capital, pero su composición se ha modificado considerablemente durante los meses previos al lanzamiento. Adolfo Utor y Diego Prieto han quedado fuera de la estructura prevista, mientras que Andrés Varela Entrecanales ha asumido una participación mayoritaria del 65%. José Luis Manzano conserva un 25% y José Miguel Contreras participa con el 10%, según las informaciones publicadas sobre la reorganización.
Naturalmente, que una empresa modifique sus socios no demuestra que esté condenada al fracaso. Los planes empresariales evolucionan, aparecen diferencias y algunos inversores deciden dirigir sus recursos hacia otros proyectos.
Pero tampoco sería serio fingir que la retirada de participantes y la concentración de la financiación en menos manos, precisamente antes de comenzar las emisiones, son detalles irrelevantes.
Si el modelo comercial es tan prometedor, cabe preguntarse por qué parte de los inversores inicialmente previstos ha preferido no continuar. Y si el riesgo económico se concentra ahora en un accionista principal, también resulta razonable preguntarse cuánto margen tendrá la cadena para sostener varios ejercicios de pérdidas si las audiencias o la publicidad no responden como esperan.
Contreras insiste en que la reorganización no altera el presupuesto ni los objetivos. Puede ser. Pero una cosa es disponer de los recursos para inaugurar una televisión y otra muy diferente mantenerla cuando desaparezca la novedad, se apaguen los focos de la presentación y lleguen las primeras liquidaciones.
Una televisión supuestamente nueva con demasiadas fórmulas conocidas
Tampoco termina de convencer el discurso sobre la modernidad del proyecto.
La Séptima promete una televisión flexible, centrada en el directo, la última hora y la conversación política, con presencia simultánea en plataformas digitales. Una propuesta que sus responsables presentan como una ruptura con la televisión tradicional.
Pero, examinada sin entusiasmo promocional, su principal apuesta consiste en reunir presentadores conocidos alrededor de una sucesión de programas de actualidad y tertulia.
Es decir, una fórmula que lleva décadas existiendo en España y que ya practican otros canales, con estructuras comerciales consolidadas y una posición de mercado mucho más fuerte.
Que el plató sea polivalente, que los programas compartan decorado o que los contenidos se distribuyan también por YouTube no convierte automáticamente el proyecto en una revolución audiovisual. Son herramientas habituales de producción y distribución.
Por si faltara algo, la visita del martes ha permitido comprobar que las instalaciones todavía se encuentran en pleno proceso de montaje, a poco más de una semana del comienzo de las emisiones. Sus responsables reconocen que necesitarán meses para completar el despliegue previsto.
La improvisación puede formar parte de cualquier lanzamiento, pero resulta difícil vender como gran transformación de la televisión un proyecto que llega tan condicionado por las prisas.
La Séptima tiene derecho a existir, a competir, a defender sus ideas y, por supuesto, a intentar ganar dinero. Ojalá genere empleo, produzca buenos programas y contribuya al pluralismo audiovisual.
Pero el entusiasmo por abrir un nuevo medio no debería impedir una crítica severa a la forma en que se ha concebido y financiado esta operación.
La licencia está cuestionada, su coincidencia electoral resulta demasiado conveniente, el accionariado ha cambiado antes de empezar y sus expectativas económicas exigen una confianza considerable en un mercado particularmente difícil.
Quizá sus responsables tengan razón y consigan crear una televisión rentable. Nadie puede descartar que encuentren su público y que las cifras terminen acompañándoles.
Sin embargo, hoy cuesta encontrar motivos para compartir su optimismo. La Séptima ha conseguido algo que no está al alcance de cualquiera: una licencia nacional para emitir durante los próximos quince años. Lo que todavía no ha conseguido es explicar de manera convincente por qué el negocio que pretende construir alrededor de ella tiene sentido.
Y ese debería ser el primer requisito antes de presentar su desembarco como una nueva era para la televisión española.
