El caso Koldo ha sacudido la opinión pública tras las revelaciones de varios medios de comunicación sobre las actividades del asesor y chófer Koldo García Izaguirre, vinculado al exministro José Luis Ábalos. Se le acusa de presuntamente haber cobrado comisiones ilegales por la venta de mascarillas a organismos públicos durante la pandemia de COVID-19. La trama, desvelada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, implica contratos millonarios con entidades como Adif, Puertos del Estado, y Ministerios, con un presunto blanqueo posterior de las ganancias. Este artículo detalla los entresijos de la operación Delorme y el papel de los principales implicados.
La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, vinculada a Koldo, habría obtenido contratos millonarios con entidades gubernamentales, principalmente relacionadas con el Ministerio de Transportes, por un total de 53 millones de euros. La investigación sugiere que al menos 10 millones de euros habrían sido cobrados en comisiones ilegales. Entre los contratos destacan los firmados con Adif, Puertos del Estado, y Ministerios como Interior, Canarias, y Baleares.
Exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, Ábalos es señalado como intermediario en la trama, favoreciendo a Koldo y sus asociados en la obtención de contratos gubernamentales.
Chófer, escolta y asesor de Ábalos, Koldo es considerado el cabecilla de la trama. Su participación en actividades ilícitas, incluido el presunto blanqueo de dinero mediante inversiones inmobiliarias, ha sido clave en la investigación.
La esposa y el hermano de Koldo, respectivamente, también están implicados en el caso, presuntamente ayudando en el blanqueo de dinero obtenido por las comisiones ilegales.
Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto, empresarios asociados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, así como altos cargos gubernamentales como Álvaro Sánchez Manzanares y Luis Alberto Escolano Marín, también son parte de la trama.
Los contratos firmados con entidades gubernamentales como Adif, Puertos del Estado, y Ministerios como Interior, Canarias, y Baleares, sumaron más de 53 millones de euros en fondos públicos. La fiscalía investiga la forma en que se obtuvieron estos contratos y la posible intermediación de Koldo y sus asociados en su adjudicación.
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