El Congreso tumbó el Real Decreto-Ley 7/2025, conocido como decreto antiapagón, pero el Gobierno no se ha dado por vencido. Ante el bloqueo político, el Ejecutivo ha optado por una táctica polémica: fragmentar el texto original y reintroducir parte de sus medidas mediante decretos de urgencia, evitando así el escrutinio parlamentario completo. ¿Una solución pragmática o un riesgo para la transparencia democrática?
El decreto surgió como respuesta al apagón del 28 de abril, con el objetivo de reforzar la estabilidad del sistema eléctrico. Entre sus medidas clave destacaban:
Sin embargo, el texto fue rechazado con 183 votos en contra (PP, Vox, Junts y Podemos) frente a 165 a favor. La oposición criticó falta de consenso y excesiva centralización del sistema.
Ante el rechazo, el Ejecutivo no ha tirado la toalla. En su lugar, ha recurrido a una estrategia legal: trocear el decreto y aprobar fragmentos por vía urgente, sin necesidad de convalidación parlamentaria. El nuevo real decreto, aprobado el 29 de julio, incluye:
Pero hay una pérdida significativa: la medida estrella del autoconsumo colectivo quedó fuera, lo que ha generado críticas de asociaciones ecologistas y cooperativas energéticas.
El momento elegido para esta maniobra no ha pasado desapercibido. El decreto se aprobó el 29 de julio y el plazo para presentar alegaciones cerró el 11 de agosto, en plena temporada vacacional.
“Es evidente que buscan evitar el escrutinio”, denuncia un portavoz de la oposición. Desde el Gobierno, sin embargo, insisten en que no había alternativa: “Tras el apagón, cada día de retraso supone un riesgo inaceptable”, argumenta un alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica.
El forcejeo político ya tiene traducción económica. En las últimas semanas:
“Necesitamos normas claras y estables”, reclama el presidente de una importante asociación industrial. “Pero también que se respeten los mecanismos democráticos”.
Más allá de los tecnicismos energéticos, el conflicto refleja una tensión recurrente en la política española. Por un lado, el Gobierno defiende que las crisis excepcionales requieren medidas excepcionales. Por otro, críticos de todo signo advierten del peligro de normalizar los atajos legislativos.
“Estamos ante un patrón preocupante”, señala un catedrático de Derecho Constitucional. “Cada vez más gobiernos, de distintos colores, usan los decretos-ley no para emergencias reales, sino para sortear obstáculos parlamentarios”.
Periodista. Escribo sobre las novedades de las series y programas de televisión y plataformas de vídeo en streaming. He trabajado en distintas revistas y periódicos digitales de España.
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